DIAN: UNA DEUDA TRIBUTARIA NO PUEDE COBRARSE COACTIVAMENTE MIENTRAS EL ACTO QUE LA DETERMINA NO ESTÉ EJECUTORIADO; EL CONTRIBUYENTE CONSERVA LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN

DIAN: UNA DEUDA TRIBUTARIA NO PUEDE COBRARSE COACTIVAMENTE MIENTRAS EL ACTO QUE LA DETERMINA NO ESTÉ EJECUTORIADO; EL CONTRIBUYENTE CONSERVA LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN

Fecha: 13 de mayo de 2026 Concepto: DIAN 007882, interno 726, de 2026 Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Tema: Procedimiento tributario – cobro coactivo – título ejecutivo – ejecutoria – demanda de nulidad y restablecimiento del derecho – caducidad

La DIAN examina un asunto fundamental para cualquier contribuyente que acaba de terminar la discusión administrativa de un impuesto: ¿desde qué momento puede la Administración comenzar a cobrar forzosamente una liquidación oficial o una resolución sancionatoria?

La respuesta exige diferenciar dos situaciones que suelen confundirse: una cosa es que haya terminado la discusión ante la propia Administración y otra que el acto administrativo ya tenga la ejecutoriedad necesaria para servir de fundamento al cobro coactivo , teniendo en cuenta las reglas especiales del Estatuto Tributario.

El Concepto 007882 del 13 de mayo de 2026 aborda precisamente la relación entre el procedimiento administrativo de cobro, la ejecutoria de los actos tributarios y el término que tiene el contribuyente para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La propia DIAN clasifica oficialmente el concepto bajo esos tres asuntos.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA EJECUTORIA?

La Administración no puede iniciar un cobro coactivo simplemente porque considera que existe una deuda.

Para ejecutar forzosamente una obligación debe existir un título ejecutivo que reúna las condiciones previstas por el Estatuto Tributario.

En materia tributaria pueden prestar mérito ejecutivo, entre otros, las liquidaciones oficiales ejecutadas y los demás actos administrativos debidamente ejecutados en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del Estado.

Esto significa que debemos separar:

determinación del impuesto → discusión administrativa → ejecutoria del acto → posibilidad jurídica de cobro coactivo.

Que existe una liquidación oficial no significa por sí solo que la Administración pueda inmediatamente embargar bienes y cobrarla forzosamente.

¿QUÉ OCURRE CUANDO EL CONTRIBUYENTE TODAVÍA PUEDE DEMANDAR?

Aquí está el núcleo de la doctrina.

La DIAN analiza las reglas del Estatuto Tributario sobre ejecutoria de los actos administrativos y su relación con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción mediante el medio de control correspondiente.

El punto práctico es particularmente importante: la Administración debe verificar si el título realmente se encuentra ejecutado antes de iniciar el procedimiento administrativo de cobro.

La doctrina oficial de mayo identifica expresamente este problema como:

"Procedimiento administrativo de Cobro coactivo. Ejecutoriedad de los actos tributarios. Caducidad del medio de control."

Por ello, no puede confundirse la finalización de la vía administrativa con la posibilidad automática de ejecución forzada sin revisar las condiciones establecidas en las normas tributarias.

EL ARTÍCULO 829 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO ES FUNDAMENTAL

Esta disposición determina cuándo se entienden ejecutados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro.

Entre los supuestos regulados se encuentra la situación producida cuando se han interpuesto los recursos correspondientes y estos han sido decididos definitivamente, pero también existe una regla especial cuando el contribuyente puede acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por ello, para iniciar el cobro no basta revisar:

“¿La DIAN ya resolvió el recurso?”

También debe analizarse:

“¿El acto ya se encuentra ejecutado conforme a las reglas especiales que gobiernan el cobro tributario?”

Esta segunda pregunta es la jurídicamente determinante.

EL TÉRMINO PARA DEMANDAR TIENE EFECTOS SOBRE EL COBRO

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está sometido a un término de caducidad.

En términos generales, el artículo 164 del CPACA establece para este medio de control un término de cuatro meses , sujeto a las reglas específicas sobre el momento desde el cual debe contarse en cada caso.

Precisamente por ello, la DIAN estudia la relación entre ese período y la ejecutoria del acto tributario.

La consecuencia práctica es muy relevante: la Administración no debe tratar como inmediatamente ejecutable un acto sin verificar previamente si se encuentra dentro del supuesto legal que impide considerarlo ejecutado para efectos del cobro.

Esta doctrina se conecta además con el Concepto DIAN 007817 de 2026, que estudia específicamente la improcedencia de iniciar o continuar medidas el cobro y adoptar cautelares durante determinadas etapas relacionadas con el término para demandar. La propia DIAN publicó ambos conceptos dentro de sus novedades jurídicas de mayo.

EJEMPLO PRÁCTICO

Supongamos que la DIAN expide una liquidación oficial por $500 millones .

El contribuyente interpone oportunamente el recurso correspondiente y la Administración finalmente lo decide.

Sería incorrecto razonar automáticamente:

“Como ya terminó el recurso administrativo, mañana puede embargarse al contribuyente.”

Antes debe verificarse si el acto cumple efectivamente las condiciones de ejecutoria exigidas por el Estatuto Tributario y cuál es la situación del término para acudir ante la jurisdicción.

Si posteriormente el contribuyente presenta oportunamente la demanda correspondiente, también deberá analizarse el efecto que esa actuación produce sobre la ejecutoria y, por consiguiente, sobre la posibilidad de continuar el cobro.

Por eso la fecha exacta de notificación del acto que agotó la discusión administrativa adquiere enorme importancia: de ella puede depender el cómputo del término judicial y la determinación de cuándo puede existir un título susceptible de ejecución.

NO DEBE CONFUNDIRSE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN CON SU COBRABILIDAD COACTIVA

Esta distinción es esencial.

Una Administración puede considerar determinado un impuesto mediante una liquidación oficial.

Pero para pasar de la determinación a la ejecución forzada debe cumplirse una etapa jurídica adicional.

En términos simples:

existencia del acto ≠ ejecutoria del acto ≠ posibilidad automática de embargo.

El cobro coactivo tiene sus propios presupuestos legales.

Precisamente por eso el Estatuto Tributario regula separadamente qué documentos prestan mérito ejecutivo y cuándo los actos administrativos se consideran ejecutados.

¿QUÉ SUCEDE SI EL CONTRIBUYENTE DEJA VENCER EL TÉRMINO PARA DEMANDAR?

Aquí aparece la otra cara de la doctrina.

Estas reglas no significan que una obligación tributaria pueda permanecer indefinidamente sin ser cobrada simplemente porque alguna vez existió la posibilidad de exigir.

Si transcurre el término legal sin que el contribuyente ejerza oportunamente el medio de control correspondiente, deben aplicarse las reglas de ejecución previstas por el Estatuto Tributario.

Por ello, la fecha de caducidad del medio de control es jurídicamente relevante tanto para el contribuyente como para la Administración .

El contribuyente debe controlar rigurosamente el plazo para acudir al juez; la Administración, por su parte, debe comprobar cuándo el acto adquiere las condiciones necesarias para su ejecución.

¿A QUIÉNES LES APLICA?

Esta doctrina interesa directamente a contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados frente a quienes existe una liquidación oficial, resolución sancionatoria u otro acto administrativo que pretende utilizarse como título ejecutivo tributario .

Resulta especialmente importante cuando:

se acaba de resolver un recurso administrativo; todavía se encuentra corriendo el término para demandar; ya se presentó una demanda contra los actos de determinación; o la Administración pretende librar mandamiento de pago o adoptar medidas cautelares.

También es relevante para las administraciones tributarias territoriales cuando sus estatutos o las remisiones legales correspondientes hacen aplicables las reglas del procedimiento tributario nacional.

UNA ADVERTENCIA IMPORTANTE

El Concepto 007882 es doctrina administrativa de la DIAN , no una sentencia judicial.

La propia DIAN explica en su repositorio que sus conceptos constituyen interpretación oficial de carácter general y son obligatorios para sus empleados, mientras que no son obligatorios para los contribuyentes , quienes pueden sustentar sus actuaciones administrativas y judiciales directamente en la ley.

Por ello, en un caso concreto la defensa no debería descansar únicamente en citar este concepto. Deben aplicarse directamente las reglas del Estatuto Tributario, el CPACA y la jurisprudencia pertinente a las fechas y actos específicos del procedimiento.

ESTADO ACTUAL

El Concepto DIAN 007882, interno 726, del 13 de mayo de 2026 mantiene la necesidad de distinguir entre la existencia del acto administrativo tributario y su ejecutoria para efectos del cobro coactivo .

La Administración debe verificar que el acto que pretende utilizar como título ejecutivo reúna efectivamente las condiciones legales para su ejecución y debe considerar la situación del término para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Esta noticia debe leerse conjuntamente con la siguiente, Concepto DIAN 007817, interno 690, del 8 de mayo de 2026 , porque allí la DIAN profundiza precisamente en las consecuencias prácticas: inicio o continuación del cobro, mandamiento de pago y medidas cautelares durante el término para demandar y cuando la controversia ya ha sido interpuesta ante el juez administrativo .

FUENTE OFICIAL: Histórico de Novedades Jurídicas de la DIAN – mayo de 2026.