BLOQUEO DE REPARTIDORES EN PLATAFORMAS: LA CORTE CONSTITUCIONAL FIJÓ CUÁNDO PUEDE EXIGIRSE DEBIDO PROCESO
Categoría: Laboral – Plataformas digitales y debido proceso Tipo: Sentencia de tutela Sentencia: T-240 de 2026 Fecha: 6 de agosto de 2026 Entidad: Corte Constitucional Impacto: Plataformas digitales, repartidores y usuarios que obtienen ingresos mediante estas aplicaciones Estado: Sentencia vigente
¿QUÉ PASÓ?
Un repartidor que utilizaba la aplicación Soy Rappi fue inhabilitado después de que la plataforma identificara presuntos incumplimientos de sus términos y condiciones.
El trabajador sostuvo que la mensajería mediante la aplicación constituía su fuente de ingresos y que la cuenta había sido inhabilitada sin permitirle previamente ejercer su defensa.
El caso llegó a la Corte Constitucional, que analizó hasta dónde se extiende el derecho al debido proceso en las decisiones adoptadas por plataformas digitales contra sus usuarios o repartidores.
NO TODO BLOQUEO ES AUTOMÁTICAMENTE UNA SANCIÓN
Esta es la principal precisión de la sentencia.
La Corte diferenció entre:
una decisión materialmente sancionatoria, mediante la cual se reprocha una conducta y se impone una consecuencia al usuario;
y
una decisión contractual, relacionada con la interpretación, ejecución o terminación del vínculo conforme a las condiciones pactadas.
Cuando la decisión es evidentemente sancionatoria, pueden resultar exigibles garantías mínimas como:
reglas previamente conocidas + posibilidad real de defensa y contradicción + motivación suficiente + imparcialidad.
Pero la Corte aclaró que no toda suspensión, bloqueo o cancelación de una cuenta puede calificarse automáticamente como sanción sometida integralmente al artículo 29 de la Constitución.
¿QUÉ DECIDIÓ EN ESTE CASO?
La Corte no ordenó reactivar la cuenta.
Confirmó la decisión que había declarado improcedente la tutela porque existía una controversia probatoria importante sobre dos aspectos:
si la inhabilitación realmente correspondía a una sanción o al ejercicio de una facultad contractual;
y
si el repartidor había incumplido efectivamente las condiciones de utilización de la plataforma.
Según la mayoría, resolver esas controversias requería un debate probatorio propio del juez ordinario y no podía definirse mediante tutela.
PERO LA CORTE RECONOCIÓ UNA RELACIÓN ASIMÉTRICA
La sentencia también contiene una conclusión importante para las plataformas.
La Corte reconoció que entre plataforma y repartidor puede existir una asimetría estructural, porque la empresa administra el acceso a la aplicación y puede suspender o cancelar la cuenta mediante la cual el repartidor desarrolla su actividad económica.
Por ello, aunque exista una relación contractual privada, las decisiones de la plataforma no quedan automáticamente por fuera de los límites constitucionales.
Pueden seguir siendo relevantes principios como la buena fe, la prohibición del abuso del derecho y, cuando exista una verdadera actuación sancionatoria, el debido proceso.
EJEMPLO PRÁCTICO
Una plataforma detecta mediante sus sistemas que un repartidor podría estar realizando operaciones irregulares.
No es lo mismo:
terminar una relación porque se cumplió una causal contractual claramente establecida,
que
acusar al repartidor de una conducta indebida y bloquearlo como castigo por esa conducta.
En el segundo escenario existe un componente materialmente sancionatorio mucho más claro y, por tanto, cobran especial importancia las garantías de información, defensa, contradicción y motivación.
¿Y SI LA DECISIÓN LA GENERA UN ALGORITMO?
Este punto adquiere especial importancia porque en el proceso la plataforma informó que utilizaba sistemas automatizados capaces de generar alertas y activar determinadas medidas.
La propia reforma laboral de 2025 avanzó en esta materia al regular los sistemas automatizados utilizados por plataformas digitales de reparto y reconocer reglas de transparencia frente a decisiones que pueden afectar al repartidor.
Además, la Sentencia T-148 de 2026, estudiada por la propia Corte, había ordenado en otro caso que una plataforma implementara procedimientos claros para explicar las conductas reprochadas, permitir recursos y supervisar las decisiones automatizadas de algoritmos para evitar decisiones arbitrarias.
UNA DISCUSIÓN IMPORTANTE DENTRO DE LA PROPIA CORTE
La Sentencia T-240 de 2026 tuvo salvamento de voto.
El magistrado disidente consideró que debía seguirse el precedente de las sentencias T-534 de 2023 y T-148 de 2026 y protegerse al repartidor.
Para el salvamento, cuando una decisión adversa se origina en sistemas automatizados, el afectado debería conocer que intervino un sistema de este tipo, qué información fue utilizada y disponer de garantías suficientes para controvertir la decisión.
Esta posición es importante para entender que existe una discusión jurisprudencial sobre el alcance exacto de las garantías aplicables a los bloqueos de cuentas.
¿A QUIÉN LE APLICA?
La sentencia interesa directamente a:
plataformas digitales; repartidores; trabajadores digitales; y empresas que utilizan sistemas tecnológicos para administrar el acceso de personas a actividades económicas desarrolladas mediante sus plataformas.
No significa que toda terminación contractual deba convertirse en un procedimiento disciplinario.
La clave está en determinar qué naturaleza tiene realmente la decisión adoptada.
¿POR QUÉ IMPORTA?
Porque bloquear una cuenta puede significar que una persona pierda inmediatamente el acceso al medio mediante el cual genera sus ingresos.
Las plataformas deberían poder demostrar:
qué ocurrió + qué regla se aplicó + si la medida era contractual o sancionatoria + qué información recibió el afectado + qué posibilidad tuvo de controvertirla + si intervino un sistema automatizado.
¿QUÉ DEBEN HACER LAS EMPRESAS?
Revisar sus procedimientos de:
suspensión de cuentas → bloqueos → terminaciones → sanciones → reclamaciones → decisiones automatizadas.
Especialmente importante es evitar utilizar una cláusula contractual como simple etiqueta cuando, en la realidad, la medida funciona como una sanción por una conducta atribuida al usuario.
BASE JURÍDICA
Sentencia T-240 de 2026 de la Corte Constitucional: diferenció las facultades contractuales de las medidas materialmente sancionatorias y precisó cuándo puede proyectarse el derecho fundamental al debido proceso sobre decisiones adoptadas por plataformas digitales.
Sentencia T-148 de 2026: en otro caso de bloqueo de un repartidor, la Corte exigió explicaciones oportunas, mecanismos para recurrir y supervisión de decisiones automatizadas utilizadas en procedimientos sancionatorios.
ESTADO ACTUAL
Vigente.
La Sentencia T-240 de 2026 no estableció que todo bloqueo de una plataforma viole el debido proceso.
La regla exige diferenciar entre una verdadera medida sancionatoria y el ejercicio de una facultad contractual. Cuando la medida es claramente sancionatoria, las garantías constitucionales de defensa y contradicción adquieren especial relevancia.
CONCLUSIÓN
Para una plataforma, el nombre utilizado para una decisión no debería ser el único criterio.
Debe preguntarse:
¿ESTAMOS SIMPLEMENTE EJECUTANDO UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL O ESTAMOS CASTIGANDO AL USUARIO POR UNA CONDUCTA QUE LE ATRIBUIMOS?
Si existe realmente una sanción, la empresa debe prestar especial atención a la legalidad previa, la información, la defensa, la contradicción y la motivación de su decisión.
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